Jueces: en el punto de mira

No basta decir solamente la verdad, mas conviene mostrar la causa de la falsedad. – Aristóteles

El 23 de febrero de 2017, coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado llevado a cabo por el Guardia Civil Antonio Tejero, se publicaron noticias de diversa índole, todas relacionadas con casos de corrupción. Algunos de esos casos han puesto en jaque a la justicia española y han derivado o en la inhabilitación de varios de los jueces más importantes que ha tenido España en los últimos años o, en la persecución mediática y puesto en evidencia las decisiones tomadas por tantos otros jueces. Todo a costa de continuar con una mentira que cada vez tiene las patas más cortas y de la que el pueblo español se está cansando.

Entre las noticias más destacadas de ese día destacamos la siguiente: “La Audiencia condena a seis años de prisión a Besa y a cuatro y medio a Rato por las tarjetas black” (http://www.elmundo.es/economia/2017/02/23/58aede64e2704e0f318b4573.html). En la entrevista otorgada a la cadena Cuatro, concretamente al programa ‘Las mañanas de Cuatro’, se habló con el magistrado Elpidio Silva, quien dijo lo siguiente: “…Son cinco años los que venimos esperando que se desenlace el primer capítulo de la gestión financiera criminalizada de13983549440293 Caja Madrid y Bankia, ya se ha desarrollado el prólogo y el primer capítulo”.

Como podemos recordar el prólogo al que se refiere el ex magistrado es a la fase de instrucción de los casos ‘Blesa’ (diligencias previas 58/2010) y ‘Banco de Miami’ (diligencias previas 3173/2013). Hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistar al Ilustre Sr. Elpidio Silva y observamos cómo en este país el investigado e imputado sale impune de los delitos cometidos y el juez es inhabilitado por la realización de su trabajo. La condena del Sr. Silva es concretamente la siguiente: “FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos al acusado Ilmo. Sr. Don ELPIDIO JOSÉ SILVA PACHECO, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción N° 9 de Madrid, como autor responsable de un delito continuado de prevaricación del artículo 446.3°, y dos delitos contra la libertad individual, ya definidos, y en concurso, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de VEINTIUN MESES Y UN DÍA DE MULTA CON CUOTA DIARIA DE 10 EUROS, con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 CP en caso de impago e INHABILITACIÓN ESPECIAL POR TIEMPO DE DIECISIETE AÑOS, SEIS MESES Y UN DÍA, para el ejercicio del cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo del que era titular, así como de los honores anejos, e incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la administración de justicia, y en particular, aquellos que conlleven el ejercicio de funciones jurisdiccionales o de gobierno, dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo” [Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 228/2015, recurso de casación nº 2196/2014 interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de octubre de 2014].

La investigación inicial del Juez Elpidio Silva, se centró en las irregularidades habidas en la concesión de créditos al ex presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el Sr. Gerardo Díaz Ferrán y, posteriormente, en la compra del Banco de Miami a raíz de una demanda interpuesta por el sindicato Manos Limpias. A este último, se sumó el Banco de España aportando un informe sobre las irregularidades en el cumplimiento de los protocolos seguidos al adquirir el City National Bank of Florida (CNBF) por parte de Caja Madrid. Recordemos, que posteriormente y debido a la crisis financiera y económica en la que se hundió España, Caja Madrid pasa a pertenecer a Bankia.

De hecho, se comprueba con toda la documentación enviada al Juzgado del Sr. Silva, que la adquisición del CNBF empieza con la suma de 927 millones de dólares para incrementarse hasta la cifra de 1117 millones de dólares, siendo este el importe final de la compra.

A estas investigaciones, hay que sumarle la denuncia del sindicato Manos Limpias interpuesta contra Miguel Blesa de la Parra y Gerardo Díaz Ferrán, por un crédito de 26 millones de euros que Caja Madrid –entidad en crisis- había concedido a Díaz Ferrán. Al no dar frutos esta vía de investigación se produce el primer gran parón del ‘Caso Blesa’, pero la causa contra Blesa en el ‘Caso Bank of Miami’ y el propio Caso Blesa continúa hasta la sentencia del 6 de octubre de 2014 donde se inhabilita al Magistrado.

De tenerlo todo pasamos a no poder hacer nada para enfrentarnos a la lacra de la corrupción en este país. Lacra que afecta tanto a la parte financiera, los bancos, como a la judicial, la imparcialidad de los altos tribunales queda muy en entredicho y el sistema judicial español es cada vez menos creíble, quizás porque los partidos políticos cada vez intervienen más en el ámbito judicial.

Por lo tanto, tenemos, a dos condenados con penas de cárcel –de momento puestos en libertad sin fianza- y a devolución de parte de lo sustraído –devolución que no ocurrirá, dado que se declararán insolventes antes de lo que menos esperamos- y, la inhabilitación de un juez que hacía su trabajo. Algo falla cuando se inhabilita a un juez y se premia a un delincuente.

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La gente sabe que en las dos causas más importantes que se siguen en este país por financiación ilegal de partidos políticos y por gestión criminalizada de financiación en Caja Madrid y Bankia, los jueces que las instruyeron están fuera de la carrera judicial

Elpidio Silva, ‘Las mañanas de Cuatro’, 24 de marzo de 2017

Otro ejemplo de mala praxis en la Justicia española, nos deriva a la inhabilitación de once años por un delito de prevaricación supuestamente cometido durante la fase de instrucción del caso Gürtel, evidentemente, nos referimos al Ilustre Sr. Baltasar Garzón.

baltasar-garzon

En el año 2012 el Tribunal Supremo determina el siguiente FALLO dentro del proceso de la ‘causa de Peláez, Crespo y Correa vs. Garzón’:

“Debemos condenar y condenamos al acusado Baltasar Garzón Real como autor responsable de un delito de prevaricación del artículo 446.3o, en concurso aparente de normas (artículo 8.3) con un delito del artículo 536, párrafo primero, todos del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de catorce meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal, y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares. Sin condena en cuanto a responsabilidad civil”. [Sentencia del Tribunal Supremo nº 79/2012, causa 20716/2009]

En el momento de la sentencia, Garzón, llevaba siendo magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional desde el año 88. En esos años, puso en mala posición al Estado español con investigaciones de crímenes contra la humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado, corrupción política, narcotráfico y delincuencia económica. Desde su inhabilitación, no ha dejado de ser noticia en los medios de comunicación dado que ha ostentado cargos como el de Asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya o director de la defensa jurídica de Julian Assange –fundador de Wikileaks-.

Según la opinión de los medios de comunicación y de los partidos políticos, el Sr. Garzón se extralimitó en sus funciones como juez al establecer escuchas en la cárcel mientras el acusado mantenía reuniones con su abogado, obviando el privilegio abogado-cliente. El TSJ de Madrid consideró que “la intervención realizada con las escuchas vulneraba el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías”. Pero si lo miramos desde el punto de vista judicial, los jueces tienen libertad para interpretar la legislación existente aplicable al caso del que se está hablando, cosa que en este caso no se le ha permitido al Sr. Garzón. Lo que me lleva a preguntarme ¿dónde está la independencia de decisión y de interpretación legal del magistrado en base a las pruebas obtenidas y presentadas por las partes implicadas en el juicio? En este caso no existe, otro ejemplo de lacra de la corrupción que llega a niveles insospechados por los ciudadanos de a pie.

Si no vas hasta el fondo en una investigación, puedes vivir cómodamente, pero este servicio público exige ir hasta el fondo”

Baltasar Garzón

En ambos casos de inhabilitación, la justicia –por llamarla de algún modo- les está dando la razón cuando antes no lo hacía, condenando a penas de cárcel y de inhabilitación para el ejercicio de determinados cargos a los acusados. Pero, y ¿qué tal si en vez de darle la razón los readmite dentro de la carrera judicial y les deja hacer su trabajo?

ayalaPero la cosa no ha quedado en la inhabilitación de estos dos magistrados, también existe la parte de las presiones a las que se ha sometido a varios jueces en este país por las causas que estaban investigando. En este aspecto podemos mencionar a la Ilustre Sra. Mercedes Ayala, titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, conocida por dos casos mediáticos: la venta del equipo de fútbol Real Betis Balompié y, sobre todo, por el llamado ‘Caso ERE’ o también conocido como ‘Caso de los ERES de Andalucía’. Es en este último, donde la Jueza Ayala inicia una investigación en torno a una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía por presuntas irregularidades con los expedientes de regulación de empleo, también conocidos como ERE, y con un fondo de ayuda económica a empresas en crisis.

La investigación y la presión mediática y de ciertos miembros de partidos políticos, le acaba costando la salud a la jueza, hasta el punto de estar seis meses apartada de los juzgados a causa de una enfermedad denominada neuralgia del trigémino. ¿Vale más la presión a la que se la ha sometido que su salud? No podemos llegar al punto de que la coacción a un miembro del Poder Judicial le cueste la salud. Por suerte, se ha ido recuperando y continua con las investigaciones.

Otros ejemplos de jueces que están en el punto de mira de varios partidos políticos, siempre por no estar de acuerdo con las investigaciones realizadas, son:

  • Gómez Bermúdez: presidió el juicio de los atentados del 11-M y el juicio por las falsas identificaciones de las víctimas de accidente aéreo del Yak-42.
  • Grande-Marlaska: es el juez instructor del caso ‘Accidente Yak-42’ que costó la vida a 62 militares en el año 2003. Quizás debido a las presiones, a los cuatro meses de recibir el caso archivó la causa atribuyendo las responsabilidades a la tripulación ucraniana, eximiendo al Ministerio de Defensa de cualquier culpa.
  • Pablo Ruz: ha sido instructor del caso Bárcenas, el caso Gürtel y el caso Rumasa. A ver lo que tardan los políticos de este país en inhabilitarle por condenar al Sr. Bárcenas y a imputados del caso Gürtel, simplemente por llevar a cabo el cumplimiento de la ley y establecer penas de prisión e inhabilitaciones más penas económicas.
  • Castro: instructor del caso Noos, saltando a la fama, previamente, por ser el instructor del caso Jaume Matas. También estamos a la espera de saber cuándo lo inhabilitan por haber imputado a la infanta Cristina en el caso de corrupción del que no sabía nada, no le constaba nada o todo lo llevaba su marido.

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Dejando ironías al margen, sería muy triste y patético que España siga en la línea de premiar al corrupto e inhabilitar al juez.

La libertad no es nada más que una oportunidad para ser mejor.

Albert Cam

Dejemos que nuestros jueces sean libres para ejercer su cargo y tomar las decisiones que consideren correctas en función de la evaluación de las pruebas y testimonios. Hagamos de la justicia una justicia mejor. 

  •  Publicado por:

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Jueces: en el punto de mira – (c) – Adriana Peña Laso

> Bibliografía:

La justicia desahuciada. España no es país para jueces; Silva, Elpidio José; Ediciones Península, Barcelona, 2014

En el punto de mira; Garzón, Baltasar; Editorial Planeta, Barcelona, 2016

> Sentencias:

  •  Sentencia Tarjetas Black

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Sala-de-prensa/Notas-de-prensa/Condenas-desde-tres-meses-a-seis-anos-de-prision-a-los-65-acusados-de-las–tarjetas-black-

  • Inhabilitación Magistrado Elpidio Silva

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2015/04/23/sentencia_elpidio_silva.pdf

  • Inhabilitación Magistrado Baltasar Garzón

http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.0cb0942ae6fbda1c1ef62232dc432ea0/?vgnextoid=75e19efd54265310VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=6d70f20408619210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default

  • Sentencia caso Gürtel

La misma se prevé para 2018. Actualmente ha salido la sentencia de la causa Fitur, indenxada dentro del ‘Caso Gürtel’

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