Aplicaciones de la mediación en el Sistema Penal

Estamos viviendo en un estado de incertidumbre permanente cuya traducción es la demanda de más seguridad. Los desastres naturales y tecnológicos sufridos a lo largo de las tres últimas décadas, nos hacen vivir en una “sociedad del riesgo”, título acuñado por Ulrick Beck en su obra de 1986. Si a eso le sumamos el actual estado de excepción en el que vive occidente con la permanente amenaza terrorista desde el 11S, esa necesidad de protección se traslada a nuestras legislaciones haciendo endurecer medidas de seguridad, códigos penales y discursos políticos. Fijaos en los EEUU de Trump.

A nivel más local esta sensación de vulnerabilidad se traslada en una percepción de inseguridad mayor al número de víctimas, tal como explica Redondo (2009), indicadas en las encuestas de victimización. Este proceso de victimización de la sociedad hace que ésta demande más mano dura ante las pequeñas infracciones y propician una expansión del derecho penal tal y como Silva Sánchez (2001) lo teoriza con la introducción de penas más altas, requisitos más duros para acceder a beneficios penitenciarios o con la población reclusa en aumento. Esto se debe a que se ha dado paso a un discurso emocional de la pena y el establecimiento de la seguridad ciudadana como un nuevo bien jurídico, lo que produce una política criminal orientada a la minimización de los riesgos y a buscar la máxima seguridad, según Del Rosal (2009).

Estas políticas no benefician en nada a la sociedad pues cuanta más punición se ejerce, más derechos son vulnerados tanto en el infractor como en la víctima. Para el infractor, se vulneran derechos garantistas dentro del proceso penal como su presunción de inocencia, un cumplimiento digno de las penas y además se vulnera el principio constitucional de la orientación resocializadora de las penas privativas de libertad, redactado en el artículo 25.2 de nuestra Carta Magna. Por otro lado, a la víctima se le vulnera la posibilidad de una restitución, pues solamente el elemento vindicativo de la pena alimenta a la necesidad de venganza por el daño recibido en vez de promover una reparación moral o psicológica del daño cometido. Sumado a ello, el uso instrumental de la víctima como elemento propagandístico o justificador de esta exacerbación punitiva.

delincuente

No vivimos tiempos fáciles, pero en momentos excepcionales hacen falta medidas excepcionales, y para tratar estos casos a nivel local una herramienta efectiva puede ser la mediación penal como un sistema alternativo de resolución de conflictos mediante el cual se da el protagonismo a las partes, tras la comisión de un delito o falta, cuyo objetivo es la restauración del daño causado mediante un acuerdo. Esto representa un avance dentro del sistema judicial pues se reconocen las necesidades de la víctima y un avance para la resocialización del infractor pues se le insta a desarrollar habilidades emocionales y comunicativas. Como beneficio más tangible es el económico, pues tiene un coste inferior ya que requiere menos recursos que la maquinaria judicial tradicional. También tiene un beneficio preventivo, pues si se tratan conflictos desde su inicio, se puede evitar que incremente la tensión de éste y pueda acabar desembocando en un acto de mayor lesividad de lo que era en origen.

Para perseguir la consecución de tales fines propongo las siguientes medidas:

  • Uso de la mediación en la resolución de faltas.

El Código Penal establece para las faltas penas alternativas como las de localización permanente, multas, penas de inhabilitación (como las de conducir vehículos o permiso de armas) y trabajos en beneficio de la comunidad. Éstas últimas, los trabajos en beneficio de la comunidad, es la medida alternativa que más se utiliza. La mediación puede actuar con la elección del trabajo a desempeñar y a debatir sobre la cantidad idónea de la multa. Hacer partícipe al infractor de la elección del trabajo a desempeñar mediante la mediación hará que se pueda tratar el conflicto desde su raíz, descubriendo qué ha pasado y por qué. En este procedimiento entra la idea de revalorización, que consiste en devolver la capacidad de resolver los conflictos a las partes. Este empoderamiento es positivo ya que se está dando la oportunidad a que las partes empaticen para entender sus posiciones y solventar el problema de fondo. Esta colaboración puede derivar en una acción que beneficie a la parte más agraviada, así la reparación irá directa al foco del problema lo que supondría una solución para el problema y un bienestar para las partes y para la sociedad.

La concepción aquí expuesta sobre el delito es la de una relación social problemática y el fin del proceso es llegar a un acuerdo para reparar el mal causado a la víctima. Este acuerdo tendría la misma validez que si de una sentencia dictada por un juez o tribunal se tratara, pues estará revisado por estos.

  • Uso de la mediación en los programas de reinserción en las prisiones.

En la medida anterior se ha hablado del beneficio que supone el uso de la mediación en los procesos de resolución de faltas para la restitución del daño causado a la víctima. En este apartado me centro en los beneficios para el infractor, pues no es posible total reparación del daño sin el tratamiento del conflicto por parte de la persona penada ya que algún día ha de volver a la sociedad y el conflicto puede agrandarse.

Estudios como los de Soria, Guillamat, Armadans, et al. (2007) y Soria, Armadans, Viñas y Manzano (2008), muestran que los infractores que han participado en un proceso de mediación tienen una tasa de reincidencia menor y, si reinciden, cometen delitos de menos gravedad.

Los programas de reinserción tienen como finalidad entrenar y desarrollar habilidades y hábitos sociales, cuya falta ha proporcionado cometer conductas antisociales. Argile y Kendom, en Redondo (2007), defienden que un comportamiento prosocial requiere poder reconocer, entender e interpretar las señales sociales, poder generar respuestas y acciones acordes a las demandas de la sociedad y poder ejecutar conductas adecuadas en acciones comunicativas e interacciones sociales. Por ello, según el Modelo de vidas satisfactorias de Ward en Redondo (2007), hay que trabajar positivamente con los delincuentes, pues la conducta delictiva es concebida como un medio equivocado para conseguir los intereses de uno.

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Sumado al desarrollo y la aplicación de habilidades sociales, estos programas también están destinados a la regulación emocional y al control de la ira. Según la Teoría General de la Tensión de Agnew, en Garrido, Stangeland y Redondo (2006), diversas fuentes de tensión como no poder lograr objetivos sociales positivos, ser privado de gratificaciones o ser sometido a situaciones aversivas ineludibles, unido todo ello a la falta de habilidades para gestionar esa tensión, hacen que la conducta delictiva sea la manera de suprimir o descargar toda esa tensión acumulada.

Toda esta serie de habilidades y hábitos que se quieren desarrollar en los programas de reinserción, para una efectiva asimilación han de ser puestos en práctica, y una de las mejores maneras de hacerlo es mediante un proceso de mediación. En este proceso, la persona infractora ha de usar estas habilidades para tratar el conflicto generado por su conducta antisocial y poder resarcir a la víctima y enmendar los errores cometidos con sí mismos.

También unir a la idea que estas habilidades sociales desarrolladas y consolidadas en el proceso de mediación son proclives a usarse en el entorno al que van a volver después de su estancia en prisión. Tendrán una herramienta para poder enfrentarse de la mejor manera posible a las dificultades que desembocaron en una conducta antisocial.

  • Uso de la mediación como empoderamiento de la población ante el fenómeno del delito.

Berger y Luckmann plantearon que la realidad social se construye desde un punto de vista objetivo y subjetivo, y que la realidad exterior a nosotros será construida por las propuestas que hagan los medios de comunicación.

La representación continua de hechos delictivos produce una victimización potencial, es decir, la persona expuesta a tales noticias percibe más inseguridad y la subida del miedo al delito lleva a desarrollar políticas de alta punitividad para intentar atajar esas senasaciones, aunque la tasa de criminalidad esté disminuyendo. Según el Balance de Criminalidad del último trimestre de 2016 presentado por el Ministerio del Interior, la tasa delictiva ha disminuido en relación a 2015. Entre ellos, los delitos y faltas un 1,4%, los robos con violencia e intimidación un 1,9%, los daños un 0,5% y los hurtos un 0,2%.

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Pero no sólo se pone el foco en el acto delictivo, también se busca plasmar el dolor de la víctima, por ello tienen más repercusión voces vindicativas que voces restaurativas. Aunque se suele confundir la retribución con la restauración, ya que se da a entender el mensaje del uso de la pena como una restauración del daño causado, sin atender las otras necesidades de la víctima tras el suceso delictivo. Tamarit Sumalla, presidente de la Societat Catalana de Victimologia, aboga por “mecanismos de compensación a favor de la víctima, a través de la solidaridad y la asistencia, dirigidos a lograr la desvictimización, que reduzcan los impulsos unitivos de las víctimas” como la reparación y reconocimiento del hecho y de la víctima, es decir, el reconocimiento mutuo es necesario para poder hacer Justicia.

Barusch y Folger escriben que “La mediación ofrece un modo eficaz de organizar a los individuos alrededor de intereses comunes, y de ese modo crear vínculos y estructuras comunitarias más sólidos […] la mediación puede ayudar a los individuos que creen que son adversarios a percibir un contexto más amplio en el cual afrontan un enemigo común […] puede fortalecer a los débiles al facilitar la creación de alianzas entre ellos”.

Tamarit expone que la mediación en la ejecución penal, por un lado, toma el fin de orden social que la pena presupone tener al imponerse, y por el otro, apunta a la resocialización del preso con la implicación de la sociedad, es decir, es necesario de la participación ciudadana para llevar a cabo una buena tarea de restauración del orden social tras el delito. También Soria et al (2007) demuestran que la mediación incide en la reducción del temor a ser revictimizado, ya que ayuda a reducir el impacto psicológico del delito en la víctima.

Así pues, participar en un proceso de mediación ayuda a desvanecer las ideas fantasiosas y morbosas que produce el desconocimiento del delito y ayuda a que la persona victima de la infracción pueda tener resarcidas sus necesidades emocionales agraviadas tras la infracción y que pueda volver el infractor a una sociedad donde la herida que produjo fue sanada.

En conclusión, la puesta en marcha de estas medidas de introducción y consolidación de la mediación en el sistema penal tienen un mayor beneficio del imaginado ya que, no sólo a nivel económico en tema de recursos y dilatación de procesos, si no en un tema de justicia social ya que aunque sea un proceso personal y privado, los beneficios los acaba adquiriendo la comunidad ya que en ella convivirán una persona reinsertada con mejores habilidades sociales para salir adelante, una persona víctima resarcida emocionalmente del daño sufrido y por último una sociedad donde el miedo se ha desvanecido, lo que se traduce en una sociedad con vínculos más sólidos y con menor perspectiva de desigualdad.

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Aplicaciones de la mediación en el Sistema Penal. –
(c) –
Javier Andrés CaballeroAdriana Peña LasoAdriana Peña Laso

Bibliografía

  • Barusch, R. A. y Folger, J.P. (1996) La promesa de la mediación. Barcelona: Editorial Granica.
  • Casanovas, P., Magre, J. y Lauroba, M.E. (2010) El Libro Blanco de la Mediación en Catalunya. Barcelona: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
  • Del Rosal Blasco, B. (2009) ¿Hacia el Derecho Penal de la post modernidad? Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 11(08).
  • Garrido, V., Stangeland, P. y Redondo, S. (2006) Principios de Criminología. Valencia: Tirant lo Blanch.
  • Luckmann, T., Berger, P. (1966) La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.
  • Redondo Illescas, S. (2007) Manual para el tratamiento psicológico de los delincuentes. Madrid: Editorial Piramide.
  • Redondo Illescas, S. (2009) In-Tolerancia Cero. Un mundo con menos normas, controles y sanciones también sería posible (y quizás nos gustaría más) Barcelona: Sello Editorial.
  • Silva Sánchez, J.M. (2001) La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Madrid: Editorial Cívitas. Málaga: Ministerio del Interior.
  • Soria, M.A., Guillamat, A., Armadans, I., et al. (2007) Mediació Penal adulta i reincidencia. El grau de satisfacció dels infractors i les víctimes. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
  • Soria, M.A., Guillamat, A. y Armadans, I. (2008) Mediació Penal i reincidència. El grau de satisfacció dels infractors i les víctimes. INVESBREU, 41, p. 2-4.
  • Soria, M.A., Manzano, J. y Armadans, I. (2008) Elaboración de un cuestionario para valorar la satisfacción de los usuarios de un programa de mediación penal (CSM-P). Psicothema, 20(3), pp. 474-480.
  • Soria, M.A., Armadans, I., Viñas, M.R. y Manzano, J. (2008) Mediación penal adulta y reincidencia. El grado de satisfacción de los infractores y las víctimas. Revista de Psicología Social, 23(2), pp. 163-169.
  • Tamarit, J.M. (2003) La Mediació i la preparació a la víctima en l’execució penal. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
  • Tamarit, J.M. (2007) Política Criminal con bases empíricas en España. Política Criminal, 3(A8), p. 1-16.
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