Populismo punitivo y delincuencia juvenil

La definición de «populismo punitivo» es, según Larrauri (2005: 284), obra de Antony Bottoms (1995: 39). El concepto hace alusión a la utilización del derecho penal con la finalidad de obtener réditos electorales mediante la defensa de políticas criminales encaminadas a endurecer e incrementar la respuesta penal (Peres, 2010: 263). Si bien esta tendencia puede parecer más propia de partidos conservadores o de derechas, lo cierto es que en la actualidad los partidos políticos y sus representantes suelen subirse al carro del «populismo punitivo» independientemente de su situación en el espectro político.

Esto puede tener efectos muy negativos a la hora de establecer e implementar políticas criminales. En primer lugar, los expertos en el diseño y construcción de las políticas criminales pierden toda influencia posible, más aún si se tiene en cuenta la brecha que separa a los postulados que dichos profesionales defienden de la incomprensión popular generada por ellos. En segundo lugar, se genera un empobrecimiento de los contenidos y las soluciones políticas debido a la intervención generalizada de ciudadanos y políticos en el debate político-criminal (Diez Ripollés: 2004: 30).

La política criminal y los temas que se relacionan con esta, causan un gran impacto en los medios de comunicación de masas. Este impacto, según Beckett (1997), sitúa al sistema mediático como uno de los grandes protagonistas en la formación de la opinión pública. Además debemos añadir que, como dice Botella (2008), el impacto del sistema mediático hace de este uno de los principales actores que tiene efecto en la construcción de políticas criminales.

Esto ocurre debido a la continua presencia de los sucesos delictivos en los medios de comunicación, especialmente los sucesos que revisten mayor gravedad. Este dato, unido a la preeminencia de los medios en el proceso de formación de la opinión pública, suponen una constante exposición al universo político-criminal de los diversos actores implicados en los procesos de construcción de políticas, lo que se traduce en que, cada vez más, la política criminal se someta a la acción de los profesionales de la política (Peres, 2010: 34).

La delincuencia juvenil no solo no es ajena al populismo punitivo, sino que es uno de los fenómenos que genera más debate en la opinión pública. Si se echa la vista atrás, a finales del siglo XX y principios del XXI, momento en que se gestó la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores (LRPM) y sucesivas reformas, podemos observar la influencia de los medios de comunicación y de la opinión pública.

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Sucesos como el de la Vila Olímpica de Barcelona, el famoso caso del «asesino de la catana» o el de las «niñas de San Fernando», ocurridos en el año 2000, o, un poco más tarde, el «caso Sandra Palo», ocurrido en el 2003, acontecían en pleno debate sobre la LRPM. Estos sucesos favorecieron la inclusión de la LRPM en la agenda mediática, generando un debate público sobre los aspectos político criminales de la misma (Peres, 2010: 303 – 305). Básicamente los medios de comunicación en aquellos momentos aludían a la falta de recursos por parte de las Comunidades Autónomas para aplicar la LRPM y a la benevolencia de la misma. Pero si cabe destacar un hecho, es el de la alarma social que los medios generaron en las semanas previas a la entrada en vigor de la LRPM, anunciando una especie de caos debido a que con la entrada en vigor de la LRPM muchos delincuentes iban a quedar en libertad (para una consulta más exhaustiva véase Peres, 2010: 304 – 342).

Sin embargo, y a pesar de que, como hemos visto, la delincuencia juvenil ha sido objeto de debate de la opinión pública y blanco del sensacionalismo de los medios de comunicación de masas, tal como describe Ismaili (2006: 255) la Criminología no se ha implicado lo suficiente en el estudio sobre cómo, cuándo y porqué se llevan a cabo determinadas políticas criminales, centrándose por el contrario más en, de un lado, el análisis de las causas de la delincuencia y, de otro, en las consecuencias de la implementación de una u otra opción.

No obstante, en lo que al populismo punitivo se refiere, Fernández y Tarancón (2010: 3) ofrecen una visión de un cuerpo de investigación que se ha centrado en conocer las actitudes hacia el castigo de los ciudadanos y que han dejado en entredicho al populismo punitivo.

Las autoras han llevado a cabo el único estudio que ha analizado las actitudes de la población española hacia la delincuencia juvenil. Cabe señalar no obstante que a pesar de que en 2006 aun no existía ninguna investigación al respecto, el legislador aludía en la Ley Orgánica 8/2006, reformadora de la LRPM, la elevada preocupación de la sociedad por el considerable aumento de los delitos cometidos por menores, aumento que la evidencia empírica desmiente una y otra vez (consúltese al efecto: Fernández, Bartolomé, Rechea, y Megías, 2009; Serrano, 2009; Montero, 2010; Montero, 2012; Robles 2015).

En el trabajo de Fernández y Tarancón (2010) se analiza: a) la percepción sobre los jóvenes y la delincuencia juvenil; b) el apoyo a la educación y a la rehabilitación como estrategia para responder a los delincuentes juveniles; y c) la actitud particular hacia el castigo juvenil.

En cuanto al primer supuesto, las autoras apuntan a una percepción distorsionada del fenómeno, ya que casi un 90 % de los encuestados creen que los jóvenes de hoy son más irrespetuosos que los de generaciones pasadas. Además, los encuestados presentan un desconocimiento del fenómeno de la delincuencia juvenil en general, considerando que la magnitud del mismo es mucho mayor de lo que lo es en realidad. De hecho, las detenciones protagonizadas por jóvenes en 2006 representaban un 8,6 % del total. También se observa una percepción errónea en cuanto a la reincidencia, pues los encuestados estiman que es más elevada de lo que en realidad es. Por último, también se observa una valoración negativa respecto del funcionamiento del sistema de justicia penal de menores, considerando que existe una gran benevolencia con los delincuentes juveniles. Una vez más cabe destacar el papel que los medios de comunicación juegan en esta distorsión de las percepciones de la opinión pública y que, según Hough y Roberts (2004), independientemente de que la delincuencia aumente, disminuya o se mantenga, los medios de comunicación fomentan que la percepción sea siempre de que la dimensión es mayor de lo que en realidad es.

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Sin embargo, a pesar de esta percepción distorsionada, en lo que al segundo supuesto se refiere, educación y rehabilitación, los encuestados se muestran a favor de una perspectiva rehabilitadora cuando se trata de delincuentes juveniles, considerando que es más efectivo el papel de la familia que la imposición de condenas más severas. Cabe destacar que cuando se trata de delitos sin violencia es cuando los encuestados se muestran más favorables hacia la óptica rehabilitadora.

Por último, el tercer supuesto analizado en el estudio, referente a la actitud particular hacia el castigo juvenil, muestra como cuando se trata de hechos de naturaleza violenta la ciudadanía cambia de parecer, mostrando una mayor disposición a la aplicación de medidas más severas. Así, en casos que revisten mayor gravedad, especialmente si son de naturaleza violenta, el público, al igual que el legislador, deja a un lado las necesidades psicosociales del menor y opta por medidas de carácter más punitivo. Por tanto, se puede decir que el público no muestra una tendencia a presentar actitudes fijas, sino que estas dependen en gran medida del hecho a juzgar, la que hace reflexionar sobre si argumentar en el debate político-criminal que el ciudadano reclama mano dura no es sino mirar hacia otro lado y no querer entender la complejidad de las sensibilidades de la ciudadanía hacia el castigo de los menores. En este sentido, el debate académico, al igual que el político, tienden a presentar la finalidad del castigo como una dicotomía entre educación y castigo, apuntando que si se defiende una opción se va en contra de la otra. Sin embargo, el público muestra la capacidad de atribuirle al castigo ambas finalidades de manera ambivalente.

En definitiva, parece evidente que los medios de comunicación juegan un papel importante en la formación de la opinión pública respecto de la delincuencia juvenil, y que la clase política trata de sacar tajada de momentos puntuales para demostrar su firmeza ante el castigo de los «malhechores». Existen sin embargo dudas razonables de que la ciudadanía demande mayor dureza, al menos cuando se trata de delitos que no comportan violencia. A pesar de ello es necesario dotar a nuestro país de un mayor cuerpo de investigación, y más importante aún, que las investigaciones sean tomadas en consideración en la construcción de políticas criminales, sustituyendo a los medios de comunicación como actores en la agenda político-criminal. Tal vez una utopía en las sociedades modernas.

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Populismo punitivo y delincuencia juvenil – (c) – Iván Robles

  • Bibliografía:

Beckett, K. (1997). Making Crime Pay. Law and Order in Contemporary American Politics. Oxford: Oxford University Press.

Botella, J. (2008). Introducción. En García y Botella (Dir.). Malas Noticias. Valencia: Tirant lo Blanch.

Bottoms, A. (1995). The Philosophy and politics of punishment and sentencing. En Clarkson y Morgan (Eds.).  The Politics of Sentencing Reform. Oxford: Claredon Press.

Díez Ripollés, J. L. (2004). El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana. Jueces por la Democracia. 49: 25 – 42.

Fernández, E., Bartolomé, R., Rechea, M. C., y Megías, Á. (2009). Evolución y tendencias de la delincuencia juvenil en España. Revista Española de Investigación Criminológica. 7 (8).

Fernández, E., y Tarancón, P. (2010). Populismo punitivo y delincuencia juvenil: mito o realidad. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. (12), 8.

Hough, M., y Roberts, J. (2004). Youth Crime and Youth Justice: Public Opinion in England and Wales. Bristol: Policy Press.

Ismaili, K. (2006). Contextualizing the criminal justice policy-making process. Criminal Justice Policy Review, 17 (3): 255 – 269.

Larrauri, E. (2005). Populismo punitivo y penas alternativas a la prisión. En Bagucigalpo y Cancio, (Eds.). Derecho Penal y Política Transnacional. Barcelona: Atelier.

Montero, T. (2010). La delincuencia juvenil en España en datos. Quadernos de criminología: revista de criminología y ciencias forenses. (9): 14 – 22.

Montero, T. (2012). La justicia juvenil en España en datos. Revista de Derecho Penal y Criminología. 3 (8): 537 – 558.

Peres, L. (2010). Prensa, política criminal y opinión pública. El populismo punitivo en España (Tesis Doctoral), Universitat Autónoma de Barcelona, España.

Robles, I. (2015). Delincuencia y justicia juvenil en España. Estado actual según las fuentes oficiales. Figshare.

Serrano, M. D. (2009). Evolución de la delincuencia juvenil en España (2000-2007). Revista de Derecho Penal y Criminología. 3(2): 255 – 270.

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