Efectivización de la pena

  • El IUS PUNIENDI

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En el artículo anterior “LA CRIMINALÍSTICA EN EL CAMINO HACIA LA JUSTICIA” [Artículo ant.], dijimos que el derecho penal es aquella rama del derecho que describe ciertas conductas como delictivas, teniendo en cuenta determinados bienes jurídicos a los cuales intenta proteger, imponiendo una sanción que correspondería a quienes se atrevan a dañar dichos bienes. De esta manera se busca la prevención de futuras conductas dañosas habilitando al Estado a ejercer la coacción para lograr el cumplimiento de las penas correspondientes.

Vimos, además, cuál es el camino a recorrer hasta el dictado de una sentencia que declare culpable al autor de un hecho delictivo, respetando las garantías ofrecidas por el derecho procesal penal hasta llegar al cambio de la situación de un individuo de sospechoso a delincuente aplicándosele una sanción.

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Ahora nos falta saber cómo se efectiviza ese castigo y los medios con los que cuenta el Estado para garantizar el cumplimiento del mismo, ya que no podemos hablar de justicia si el responsable no soporta las consecuencias de su actuar antisocial y dañino.

El Código Penal argentino establece:

ARTICULO 5º.- Las penas que este Código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación.

Al respecto de la definición de Pena, se encuentran diversas teorías y dependiendo de cuál se adopte será el sentido que tome la delimitación de la función del derecho penal, pero este tema excede al presente trabajo y será tratado con amplitud en un futuro artículo.

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Ahora bien, el sistema penal proyecta las posibles consecuencias ante el daño a un bien jurídico protegido, esa proyección es concretada por diferentes órganos e instituciones, -cada una dentro de sus estructuras y competencias- como el Ministerio Público, los jueces, la policía y -si se tratara de una pena privativa de la libertad ambulatoria del condenado- los agentes penitenciarios.

Entonces, el Estado cuenta con la posibilidad de hacer cumplir las decisiones de los órganos judiciales, ya que su sistema de normas penales da paso a la aplicación de diferentes tipos de sanciones, lo que se conoce como poder punitivo, pero esa potestad no es aplicada así sin más miramientos ni contexto normativo, sino que encuentra limitaciones en su accionar.

  • Ius puniendi es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. Se traduce literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar.

La expresión se utiliza siempre en referencia al Estado frente a los ciudadanos. Por ello, si bien puede ocurrir que otros organismos o instituciones, o en otras situaciones, estén legitimados para castigar o sancionar (empleador y empleado, o padre e hijo), el ius puniendi no es aplicable a estas.

Existen dos concepciones filosóficas acerca del ius puniendi: como derecho subjetivo y como potestad. Además, existen algunas corrientes que niegan la existencia de tal derecho.

-El ius puniendi sería un derecho subjetivo porque el Estado ocuparía una posición tal que el Derecho Penal se pondría a su disposición para que ejerza el castigo ante el sujeto pasivo.

-El ius puniendi sería una potestad del Estado. Se decía que esta definición tenía mucho riesgo de justificar el totalitarismo. Este planteamiento subjetivo se ha ido abandonando progresivamente conforme se ha ido consolidando los principios de Orden Constitucional propios de un Estado social y democrático de Derecho.

En el Estado actual, que es normalmente democrático y de derecho el ius puniendi será la potestad o poder atribuida a determinados órganos del Estado para imponer penas, sanciones y medidas de seguridad a quienes después de un proceso, también contemplado en la ley, los establezca como responsable de los delitos y estados peligrosos.

A estas personas, una vez juzgadas, se les van a aplicar penas, sanciones y medidas de seguridad, siempre previstas en la ley (tipificadas) si se les considera culpables. [1]

En cuanto a los límites, tenemos los establecidos por la Constitución Nacional de Argentina, -entre otros- en los arts. 75, inc. 22, 17, 18 y principalmente en el 19 que establece:

“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”

Volviendo al principio, hablamos de aplicación de pena cuando se ha dictado una sentencia declarando a un sujeto culpable de un delito, es decir que la función de prevención ha fracasado en este caso en concreto, y en esta instancia el Estado se ve en la necesidad de acudir a otros medios preventivos, tales como las medidas de seguridad, en este sentido nos referimos a las que se aplican a partir de la comisión de un hecho delictivo.

Llegamos así al Derecho de Ejecución Penal, conjunto de leyes que regulan la efectivización de la pena o de las medidas de seguridad, que está comprendido, en una parte, por el Derecho Penitenciario, tema del próximo artículo –EFECTIVIZACIÓN DE LA PENA- 2° PARTE/ EL SITEMA PENITENCIARIO ARGENTINO-.

  • Publicado por:

mily

Efectivización de la pena – (c) – Milagro Nuñez

  • Bibliografía

1- Zaffaroni, Eugenio Raúl. (2002). Derecho Penal Parte General. pdf.

2- Código Penal de la Nación Argentina.

3- Creus, Carlos. (1999). Derecho Penal Parte General. Pdf.

4- Constitución Nacional Argentina.

5- Bacigalupo, Enrique. (1999). Derecho Penal Parte General. Hammurabi. 2° edición.

6- Bacigalupo, Enrique. (1999). Principios Constitucionales del Derecho Penal. Hammurabi.

FUENTES:

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Ius_puniendi

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