La Criminalística en el camino hacia la Justicia

El presente artículo pretende explicar, de forma breve, la importancia que reviste la labor de la criminalística como paso esencial  en el camino hacia la justicia.

Se irá abordando el tema por etapas, exponiendo conceptos útiles tales como Derecho Penal, Delito, Criminalística, Derecho Procesal Penal y Delincuente, entre otros, para entender el funcionamiento del aparato procesal penal y como se unen en cadena cada uno de estos institutos, siendo la criminalística un eslabón sumamente importante, hasta llegar a la resolución de un caso penal, lo que generalmente (e idealmente) se traduce en la concreción de la justicia.

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Primero que nada debemos especificar que el Derecho Penal es una rama del derecho que se encarga, por un lado, de describir y prohibir las conductas que atentan contra los bienes jurídicos, es decir aquellos bienes que revisten vital importancia para la comunidad, con el fin de protegerlos, y por el otro, de regular la consecuencia o castigo que merece quien realice dichas conductas, mediante ciertas penas tales como reclusión, prisión, multa e inhabilitación.[1]

En tanto que Delito es aquella conducta antijurídica que el Derecho Penal tipifica como tal, y sanciona con una pena. Entonces,  para hablar de la existencia de un delito es primordial que el Código Penal respectivo de un Estado primero describa la conducta punible y luego, que una conducta desplegada por un sujeto se ajuste al tipo legal descrito, pues las leyes penales no se aplican a hechos cometidos antes de su vigencia.[2]

Para entender mejor estos dos primeros conceptos veremos el siguiente ejemplo:

Artículo 79 del Código Penal Argentino: “Se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años, al que matare a otro, siempre que en este Código no se estableciere otra pena”.

Aquí se describe como prohibida la conducta “matar a otro”, que atenta contra el bien jurídico “vida”. El sujeto activo de este tipo penal, en principio, puede ser cualquier persona. El tipo objetivo del delito de homicidio está constituido, tanto por la acción de matar como por el resultado muerte de otro ser humano, que deben estar unidos ambos por una relación de imputación objetiva o de causalidad, según sea la terminología que se utilice.[3] Es en esta última parte donde comienza a cobrar relevancia el actuar correcto y prolijo de la criminalística, aportando elementos para establecer dicha relación entre la acción y el resultado, para imputárselo a un autor.

Entre las diversas definiciones que se encuentran sobre la Criminalística, resulta más adecuada al presente, aquella que la describe como “una Ciencia Auxiliar del Derecho Penal cuya actividad principal se centra en descubrir, explicar y probar los delitos que se encuentran bajo investigación”.
Ahora bien, debemos descubrir cómo es que la criminalística auxilia al derecho penal. Una vez descripta una conducta como prohibida en un sistema penal, si un individuo la realiza y lesiona un bien jurídico, es menester arbitrar todos los medios para investigar los detalles en rededor de tal hecho y dar con el responsable para aplicarle la pena correspondiente; para conseguirlo se necesitan datos, elementos, pruebas, todos ellos serán aportados por la criminalística a través de un exhaustivo trabajo mediante la aplicación de sus métodos y técnicas. Pero, toda esta labor no se lleva a cabo así nada más, sin formalidades, sino que debe adaptarse a un sistema que respete y garantice los derechos, no sólo de la víctima, sino también del sospechoso.

Este sistema es el Derecho Procesal Penal, aquella división del derecho que tiene por función supervisar a los individuos que intervienen en el procedimiento judicial penal, organizar los tribunales que se encargan de impartir justicia y regular las diversas faces o pasos que deben seguirse en los procesos para la resolución de un caso concreto.

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Estrechamente vinculado a este término, encontramos el concepto de Debido Proceso Penal, entendido como el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro de un proceso penal por los sujetos procesales, cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que los derechos del acusado no sean desconocidos y que obtenga de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente.[4]

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La Constitución Nacional Argentina establece en su artículo 18 los Principios Fundamentales del Debido Proceso: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos…”.[5]

Es así que frente a la hipótesis de la comisión de un delito, el Estado, a través de sus órganos persecutorios, impulsa su investigación en procura de verificar la existencia de la infracción que se presume cometida y lograr el eventual examen posterior de los jueces sobre su punibilidad (actividad acusatoria o de persecución penal). Superados afirmativamente estos interrogantes a través de un juicio imparcial en el que se respete la dignidad del acusado y se garantice su defensa, se impone al culpable una sanción (actividad jurisdiccional). Queda cerrado así un ciclo: el infractor ha sido acusado, juzgado y castigado. [6]

Para impulsar al proceso penal, se requiere que la criminalística intervenga de manera efectiva y eficiente a través de sus métodos y técnicas para la obtención de material probatorio que llevará a la solución del caso concreto. Si fracasa en su labor en la etapa investigativa de un presunto hecho delictual, se pondría en riesgo el principal objetivo de toda esta secuencia, el último eslabón de esta cadena, la obtención de justicia.

Del trabajo criminalístico en la etapa investigativa, pueden surgir dos resultados, es posible que no se llegue a recolectar prueba indiciaria suficiente para elevar la causa a juicio y se deba descartar a los sospechosos, en cuyo caso no procede acción en su contra, o puede ocurrir que se recolecten elementos suficientes para que el Fiscal solicite al juez la elevación de la causa a juicio y que, efectivamente se dé inicio a un juicio penal, en donde se producirán las pruebas, respetando las garantías constitucionales y procesales de las partes, y en base a lo actuado y probado en dicho proceso, el juez tome una decisión, dictando sentencia que determine culpable o inocente al sospechoso. Si lo declara inocente, todo llega a su fin. Pero si, por el contrario, lo declara culpable, se lo podrá calificar, recién en este momento como Delincuente, pues cometió un acto antijurídico que el sistema legal de un Estado califica como delito y sanciona con una pena y porque existe una sentencia que lo condena como tal, ya que antes de la sentencia el procesado goza de la Presunción de Inocencia, como garantía del debido proceso penal.

Una vez declarado el sujeto como culpable, se le fijara un castigo como consecuencia de su conducta reprochable y se conseguirá el fin último del sistema de derecho de un Estado, la concreción de la Justicia, entendida esta dentro del marco penal como justicia restaurativa.

En un próximo artículo veremos los medios y herramientas con la que cuenta el Estado para efectivizar la pena aplicada a un delincuente y garantizar que el mismo cumpla con ella.

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La Criminalística en el camino hacia la Justicia – (c) – Dra. Milagro Nuñez

  • BIBLIOGRAFÍA

[1] Artículo 5 del Código Penal argentino.

[2] Artículo 2 del Código Penal argentino. Se refiere al ámbito de aplicación temporal de la ley penal. Al respecto cabe señalar que el principio general y regla es que la Ley Penal es irretroactiva y que su aplicación será posible a hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia (art. 18 C.N.). CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA, DR. NÉSTOR DARÍO ROMBOLA, DR. LUCIO MARTÍN REBOIRAS, comentarios y jurisprudencia, Editorial Ruy Diaz, edición 2012.

[3] EDGARDO ALBERTO DONNA, DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL Tomo I.

[4] Más precisamente podría decirse que la política criminal es el sistema de decisiones estatales (de todos los poderes, incluido el Constituyente) que, en procura de ciertos objetivos (que deberán ser la protección de los derechos reconocidos al individuo por su condición de tal o como miembro de la sociedad), define los delitos y sus penas (u otras consecuencias) y organiza las respuestas públicas tanto para evitarlos como para sancionarlos, estableciendo los órganos y los procedimientos a tal fin, y los límites en que tales decisiones se deberán encausar. MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL, CAFFERATA NORES JOSÉ I. – MONTERO JORGE – VÉLEZ VÍCTOR M.-FERRER CARLOS F. – NOVILLO CORVALÁN MARCELO- BALCARCE FABIÁN – HAIRABEDIÁN MAXIMILIANO- FRASCAROLI MARÍA SUSANA – AROCENA, GUSTAVO A.

[5] Del sistema Constitucional (Constitución Nacional y tratados internacionales incorporados a su mismo nivel, art. 75 inc. 22 CN; Constitución Provincial), pueden extraerse las condiciones básicas a que debe ajustarse cualquier programa elemental de política criminal. Por un lado, ese sistema establece los valores y bienes individuales (v. gr., la vida, la libertad, etc.) y sociales (v.gr., “la seguridad pública”) que reconoce como tales, a la vez que dispone las formas de su tutela y reparación (si son vulnerados) dándole contenido y límites a los poderes que a tal fin instituye. MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL,  CAFFERATA NORES JOSÉ I. – MONTERO JORGE – VÉLEZ VÍCTOR M.-FERRER CARLOS F. – NOVILLO CORVALÁN MARCELO- BALCARCE FABIÁN – HAIRABEDIÁN MAXIMILIANO- FRASCAROLI MARÍA SUSANA – AROCENA, GUSTAVO A.

[6] MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL,  CAFFERATA NORES JOSÉ I. – MONTERO JORGE – VÉLEZ VÍCTOR M.-FERRER CARLOS F. – NOVILLO CORVALÁN MARCELO- BALCARCE FABIÁN – HAIRABEDIÁN MAXIMILIANO- FRASCAROLI MARÍA SUSANA – AROCENA, GUSTAVO A.

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