¿Ley de Violencia de Género o Discriminación legal positiva?

Hace pocos días se celebró el Día Internacional de la Violencia de Género -25 de noviembre- que nos recuerda que este próximo 28 de diciembre se cumplen 12 años de la promulgación, ratificación, sanción y entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

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Este artículo tiene como objetivo realizar una crítica reflexiva sobre la legitimidad de la Ley, las modificaciones realizadas en el Código Penal y las sentencias por parte del Tribunal Constitucional sobre determinadas terminologías utilizadas dentro de la propia Ley.

Por ello, antes de empezar el análisis de la misma vamos a diferenciar entre los conceptos de violencia de género y violencia doméstica o intrafamiliar.

Se considera violencia doméstica o intrafamiliar aquella que se produce entre ascendientes, descendientes o hermanos, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre menores o incapaces que se hallen sujetos a la patria potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente o que con él conviva, o sobre otra persona amparada por cualquier relación por la que se encuentren integrados en el núcleo de convivencia familiar, siempre y cuando no se trate de hechos cometidos contra la mujer por su pareja o ex pareja varón [CGPJ (2016), Guía práctica de la LO 1/2004. Madrid].

Mientras que, la violencia de género, antes de llegar a la definición legislativa que posee hoy en día, tuvo varias acepciones entre las que destacamos:

  • La realizada por el artículo 1 de la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (1993): “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada” [Amnistía Internacional. Noviembre 2002.].
  • La Plataforma para la Acción de Beijing (1995) en su apartado 113 aclara que la expresión violencia contra las mujeres se refiere a “todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual o psicológica, incluyendo amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad para las mujeres, ya se produzca en la vida pública o privada” [Amnistía Internacional. Noviembre 2002.].

Ambas coinciden en denominar la violencia de género como violencia sexista o violencia contra la mujer, indistintamente del sexo o género del agresor. Pero, para el CGPJ la definición de violencia de género es la violencia o las diferentes violencias inferidas por hombre contra mujeres por el mero hecho de ser mujeres y constituye manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales [CGPJ (2016), Guía práctica de la LO1/2004. Madrid.].

Atendiendo a esta diferenciación conceptual vamos a realizar una disgregación de los preceptos contenidos en la Ley que, bajo nuestro punto de vista, son inconstitucionales y discriminatorios.

Empezamos por los Arts. 1.1 y 1.3 LO 1/2004 que indican 1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. Cierto es, que esta Ley se basa en dar respuesta a las diferentes recomendaciones realizadas por varios organismos internacionales –en 1998, la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer de la ONU advirtió de la importancia de introducir la perspectiva de género en todas las políticas públicas, y por supuesto, en las dirigidas a tratar la violencia contra las mujeres-; pero, realizando este gesto, comete el error de discriminar y criminalizar la figura del varón dado que no atiende a razón de que el hombre pueda ser una persona maltratada y, además, victimiza a la mujer caracterizándola como persona débil e influenciable que no sabe defenderse por sí misma. De ahí que, en el precepto inicial, inserte la idea de que el maltrato es únicamente del hombre hacia la mujer, por lo que no da cabida a las relaciones lésbicas, homosexuales y transexuales, dejando a estos colectivos desprotegidos tal y como afirma la LGBT.

Un ejemplo de lo que queda desprotegido por esta Ley y que no se protege en ninguna es la siguiente denuncia, en la que por privacidad se ha borrado el nombre del denunciante.

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Dentro del Título I Capítulo II En el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación, el Art. 10 expone: De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio.

Las campañas de publicidad realizadas por el Instituto de la mujer utilizan empresas de publicidad, están dirigidas fundamentalmente a mujeres víctimas de violencia, insisten en la necesidad de denunciar y son de corta duración. Si matizamos la Ley 34/1988 en su artículo 10, vemos que el carácter vejatorio o discriminatorio se da sobre la figura del hombre al ponerlo siempre como el maltratador. Y, podemos decir, que estas campañas son discriminatorias porque aún no se ha visto ninguna realizada por una mujer maltratando a un hombre, o por una pareja de lesbianas, gays o transexuales. Por lo que nos preguntamos, ¿dónde queda la igualdad en este tipo de medida de sensibilización del maltrato?

Cabe recordar la famosa campaña publicitaria “Tolerancia Cero” en la que se utiliza la imagen de un hombre, una mujer y un bebé para exponer que la violencia de género única y exclusivamente puede ser del hombre hacia la mujer, cuando la realidad –como hemos dicho anteriormente- es distinta, y cada vez aumenta más el número de hombres maltratados y/o asesinados a manos de sus parejas. Y, en casos de divorcios, la mujer suele utilizar a los hijos como forma de maltrato psicológico para conseguir lo que pretende, independientemente del beneficio del menor.

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Adjuntamos otro ejemplo, del mismo procedimiento judicial en el que se relata la manipulación a la que se ha debido someter el hombre por parte de su mujer:

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Y, el Art. 13 indica: Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social, de acuerdo con la legislación vigente.

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing (1995) se confirmó que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que se sitúan por encima de diferencias culturales o tradiciones. Siguiendo estas bases, nosotros nos preguntamos si los derechos de las mujeres son derechos humanos y, por lo tanto, fundamentales ¿dónde quedan los derechos humanos de los hombres?

La legislación actual se ha cargado el principio de la presunción de inocencia en verso al hombre, tal y como ha afirmado Antonia Carrasco –presidenta de GenMad, asociación nacional más activa contra las políticas excluyentes basadas en la Teoría de Género- en una entrevista concedida el 24 de noviembre de 2016 a Juan Bosco Martín Algarra.

Continuando con el Título I Capítulo III En el ámbito sanitario el Art. 15 define en sus puntos 1 y 2 lo siguiente: 1) Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia. 2) En particular, se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situaciones de violencia de género a que se refiere esta Ley.

Reiteramos lo comentado, no contempla al hombre como posible víctima de malos tratos y por lo tanto no se establecen protocolos de actuación para estos casos.

Os ponemos otro párrafo de la denuncia, donde se explican los malos tratos sufridos por parte de su mujer, que fueron considerados como riña casera y no maltrato, aunque se admitiese la denuncia a trámite.

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En el Título II Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, no se contempla, en ningún apartado –igual que en el resto de la norma- que el hombre pueda llegar a ser víctima de violencia de género.

El Art. 17 también realiza dicha discriminación en su apartado 1 cuando contempla que: Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta Ley.

Sin embargo, en su punto 2 expone: La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género, en los términos regulados en este capítulo, contribuyen a hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Asimismo, se ha comprobado que, en las Oficinas de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, en varias Comisarías de las Fuerzas de Seguridad del Estado y en teléfono de Asistencia 016 no se admiten denuncias de hombres maltratados por poca credibilidad y porque la hipocresía de la sociedad lleva a pensar que esos casos son imposibles.

Lo que no se sabe, pero si ha proclamado Amnistía Internacional, es que dentro de la LO 1/2004, también hay una discriminación a favor de las mujeres nacionales, dado que éstas entran en el circuito más rápido que las no nacionalizadas. Es decir, Amnistía Internacional accedió a las políticas de admisión de mujeres elaboradas por la Dirección General de Mujer de la Comunidad de Madrid, entre las que se encuentra la siguiente directriz: “Ser española o extranjera en situación regularizada en el país”. Otro de los requisitos establecidos es “realización de la denuncia de malos tratos ante la Policía Nacional”, esto provoca que la mujer no pueda tener un asesoramiento previo si no realiza ese acto [Amnistía Internacional. Noviembre 2002.].

En cuanto a la Tutela Penal, Título IV de la Ley analizada, varios preceptos derivados del Código Penal en delitos de violencia sólo contemplan a la mujer como víctima obviando la posibilidad de que el hombre pueda ser también víctima, independientemente de su condición sexual dentro de una relación afectiva. Ejemplo claro de ello es el precepto 37 que determina el nuevo redactado del artículo 153 del Código Penal –que analizaremos un poco más adelante-.

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También en referencia a la Tutela JudicialTítulo V, Cap. I De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer-, el artículo 43 remite al artículo 83 apartado 1 de la LO 6/1985 del Poder Judicial que no contempla la creación de Juzgados diferentes a los de Violencia Sobre la Mujer; por lo que, vuelven a dejar sin protección legal a los hombres maltratados, dado que podría, o bien, cambiar el nombre y atender asuntos de maltrato en la pareja –indistintamente de la sexología de la pareja-, o bien, crear Juzgados de Violencia Sobre el Hombre.

Eso sí, se permite tener tres tipos de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los cuales son:

  • Tipo A: EXCLUSIVOS, son aquellos que tienen guardia diaria, incluyendo festivos y horario de tardes. De estos, encontramos cuatro ciudades que cuentan con más de 40 juzgados de este tipo y son: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
  • Tipo B: SEMI-EXCLUSIVOS, con atención únicamente en días laborables y en horario de mañanas. El resto de capitales suelen tener entre 1 y 3 juzgados de esta tipología.
  • Tipo C: NO EXCLUSIVOS, son juzgados mixtos que se ven obligados a compatibilizar la atención urgente propia de un juzgado de violencia, con sus señalamientos civiles y penales, tanto de VsM como del resto de materias y con su propio turno de guardia.

En total en el territorio español nos encontramos con 106 Jdos. Exclusivos de VsM, 355 Jdos. Compatibles, de los cuales 341 son Jdos. de Primera Instancia e Instrucción y 14 Jdos. de Instrucción. Asimismo, también hay 24 Jdos. de lo Penal especializados en este tema.

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Sin embargo, en ninguno de ellos se contempla atender asuntos de maltrato a hombres ni parejas gays, lesbianas o transexuales.

Dentro de este mismo Capítulo, el artículo 47 – Formación expone: El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de Jueces y del personal de los Juzgados no han sido formados en materia de Violencia de Género ni en Violencia doméstica o intrafamiliar y, que, en la mayoría de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer la Jueza es una mujer, evitando el principio de imparcialidad que deben ostentar tanto los jueces como las juezas. Para autoras como Susana Gisbert Grifo –Fiscal especializada en VdG- y Elena Martínez García –catedrática y directora del Centro de Estudios Multidisciplinares en VdG de la Universidad de Valencia- el hecho que no se haya realizado dicha formación se debe a la crisis económica que sufre España desde 2007, pero, lo cierto es que la ley se promulgó en 2004 por lo que nosotros vemos un bagaje de 3 años en el que no se ha realizado la formación y ningún motivo que lo justifique.

En el Capítulo IV del Título V, relativo a las Medidas Judiciales de Protección y de Seguridad de las víctimas, en el total de 9 artículos que lo componen, la palabra “inculpado” aparece 7 veces. Recordemos que el término inculpado tiene por definición: sustantivo masculino que se utiliza para referirse a que un hombre está acusado de incurrir en determinado delito, el cual está siendo investigado. Por lo que no menciona que la mujer pueda ser inculpada por el delito de violencia de género sobre el hombre, si no que, en la misma línea que en el resto de la norma, ella siempre es la víctima y él siempre el agresor.

Todos los preceptos analizados y, en general, la LO 1/2004 contravienen los artículos siguientes:

Art. 10.2 Constitución Española, enmarcado dentro del Título Primero De los Derechos y Deberes Fundamentales: Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Art. 14, mismo cuerpo legal, enmarcado dentro del Título Primero, Capítulo II De los Derechos y Libertades, que reza: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Dentro del marco de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, observamos que la LO 1/2004 contraviene dos preceptos:

Artículo 3 El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres: El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

Artículo 4 Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas: La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

Este análisis se planteó en la cuestión de inconstitucionalidad número 5939-2005, impuesta por el Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, relativo al uso de la palabra “género”. El TC consideró que “como el término género que titula ley y que se utiliza en su articulado pretende comunicar, no se trata de una discriminación por razón de sexo. No es el sexo en sí de los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en consideración con efectos agravatorios, sino -una vez más importa resaltarlo- el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en el que se producen el significado objetivo que adquieren como manifestación de una grave y arraigada desigualdad. La sanción no se impone por razón del sexo del sujeto activo ni de la víctima ni por razones vinculadas a su propia biología.” Por lo que, a efectos nuestros, aunque el TC considere que la cuestión de inconstitucionalidad no procede, debería proceder dado que victimiza a todo un sector y criminaliza al otro, dotando de superioridad al primero y al segundo de indefensión.

Como consecuencia de esta Ley se acabaron realizando modificaciones, a modo de actualización, de varios preceptos del Código Penal que afectaban a esta materia. En concreto los cambios realizados en dicha norma son:

  • Se introduce como circunstancia agravante de responsabilidad criminal, contemplada en el Art. 22.4, la discriminación por razón de género.
  • Se incluye el género como uno de los factores que llevan a cometer los conocidos delitos de odio contra un grupo y/o persona determinada (Art. 510).
  • La suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad quedará condicionada al pago de una multa en el caso de los delitos relacionados con la violencia de género y únicamente podrá imponerse cuando conste acreditado que entre el condenado y la víctima no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la existencia de descendencia común (Art. 84.2).
  • Se tipifica el matrimonio forzoso, en el Art. 172.bis.
  • Se regulan los delitos de stalking (Art. 172.ter) y sexting (Art. 197.7). En el primero, se necesita que la conducta se haya llevado a cabo de forma insistente, reiterada y altere de forma grave el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. En el segundo, se añade el factor de la difusión, revelación o cesión a terceros de imágenes o grabaciones de la persona afectada y la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de la misma.
  • Se tipifica como delito de quebrantamiento de condena la manipulación de los dispositivos técnicos cuyo objetivo es controlar el cumplimiento de las penas, medidas de seguridad o cautelares (Art. 468.3).
  • Se suprimen las faltas pasando a tipificarse la falta de amenazas como delito leve (Art. 171.1) y la falta de coacción, también, como delito leve (Art. 172.3).
  • En referencia a las injurias leves y las vejaciones injustas leves salen del ámbito penal salvo en los casos de violencia de género que pasan a tipificarse como delitos leves (Art. 173.4).
  • Se establece un régimen único de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad (Art. 83.1).
  • Se amplía el ámbito de imposición de la libertad vigilada (Art. 106) que podrá imponerse en todos los delitos contra la vida (Art. 140.bis), en los delitos de lesiones y maltrato de obra cuando se trata de víctimas de violencia de género (Art. 156 ter) y en los de violencia física o psíquica habitual (Art. 173.2).
  • Se modifica la dirección literal de la tipificación del delito de trata de seres humanos (Art. 177 bis) para adecuarlo a la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011.

Todo este análisis de contenido y reflexión normativa, da a entender que esta Ley, en su origen, fue creada para dar respuesta al creciente número de casos de violencia machista que sucedieron en los años precedentes a la promulgación de la misma y que se vieron expuestos sobremanera a través de los medios de comunicación. Pero, ello derivó en una, ya comentada, exacerbación punitiva hacia el colectivo masculino y sobrevictimización del femenino, provocando una desigualdad y discriminación legal positivas.

No queremos ir en contra de la buena fe de la Ley si no que, queremos dar a entender, que para que sea efectivamente una Ley de Violencia de Género debe proteger de forma efectiva a las víctimas independientemente de su sexo y/o género.

Para ello, vamos a continuar con un análisis desde el otro lado del prisma mediante la exposición del perfil del hombre maltratado, el de la mujer maltratadora y las diferentes estadísticas de violencia sufrida por el colectivo masculino por parte del femenino.

  • Perfil del hombre maltratado

Antes de poder establecer un perfil de hombre maltratado, hemos creído conveniente identificar los tipos de violencia que se ejerce sobre los hombres. Estos tipos de violencia, que mencionaremos a continuación, se encuentran en cualquier relación en la que forme parte un varón, es decir, heterosexual u homosexual.

La clasificación es la siguiente:

  1. Intimidación y amenazas: normalmente la pareja del hombre se remite a irse de casa o a quitarle a sus hijos y no volver a verlos más.
  2. Degradación: insultándole degradando su desarrollo.
  3. Sobrecarga de responsabilidades: todo es culpa de él.
  4. Aislamiento: no puedo hacer vida con amigos y familiares, tiene que estar completamente pendiente de su pareja y sus necesidades dejando todo a un lado.
  5. Distorsión de la realidad: mentiras.
  6. Utilización de los hijos para conseguir el fin que se propone.
  7. Violencia física: agresiones que, muchas veces, no dejan marca y no son denunciables.
  8. Violencia psicológica: atacarlo continuamente minando su personalidad.
  9. Cosificación: convertirlo en un objeto con el objetivo de que pierda su identidad.
  10. Parejas homosexuales: mofándose de su homosexualidad, eliminando su círculo de amigos, creando celos dónde no los debería haber.

El perfil de un hombre maltratado se centra en los siguientes puntos:

1

BUSCAN LA APROBACIÓN DE SU PAREJA.

2

BAJA AUTOESTIMA Y POCA VALORACIÓN DE SÍ MISMO.

3

CONSIDERAN LAS DISCUSIONES ALGO NORMAL.

4

PARA ELLOS EL CONCEPTO DE “AMOR” CONLLEVA SACRIFICIO Y DEPENDENCIA.

5

TIENEN TENDENCIA A HABER SUFRIDO MALTRATO EN LA INFANCIA O HABERLO PRESENCIADO.

6

NO SABE CÓMO SALIR DE LA RELACIÓN Y SOBREVALORA A LA PAREJA.

7

SON HOMBRES SOBREPROTEGIDOS, CUYA EDUCACIÓN SE HA CENTRADO EN VOLCARSE EN LOS DEMÁS Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE LOS OTROS.

8

SE DISTANCIAN DE SUS AMIGOS Y FAMILIARES.

Los motivos por los que un hombre maltratado no denuncia son básicos: miedo a perder a sus hijos, poca credibilidad, falta de apoyo jurídico y social, miedo al rechazo y al ridículo, sentirse humillado. Normalmente no se lo cuentan ni a su familia por temor a no tener su apoyo.

Como todo maltrato, este persiste, aunque la relación amorosa haya finalizado. Esta persistencia puede darse de forma más violenta, mediante el uso del victimismo y manipulación de su entorno, denuncias falsas, utilización de los hijos como “armas” del maltrato llegando a ponerlos en contra del padre, difamación en entornos familiares, de amistades y laborales. Cuando esto pasa aumenta el riesgo de suicidio, la sensación de estar constantemente acosado –aunque no sea por su pareja o ex pareja, se traslada a los ámbitos familiares y laborales-, y, aumenta la tendencia a sufrir depresión y/o ansiedad.

  • Perfil de la mujer maltratadora

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La mujer maltratadora se caracteriza por ser mentirosa, manipuladora, mandona. Normalmente, son aquellas que se han emparejado por necesidad, no por voluntad, lo que desencadena el maltrato hacia su pareja, sea hombre o mujer.

También suelen haber pasado por traumas infantiles, problemas de aceptación, baja autoestima o ser inseguras.

Una mujer maltratadora en el 80% de los casos usará la violencia psicológica dado que es más difícil demostrarla sin un informe pericial de un Psicólogo experto en la materia. Y, como consecuencia de ello, es más difícil denunciarlo dado que no hay pruebas físicas que puedan sostener una denuncia.

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Ciclo de Violencia de Género – Leonore Walker

Una vez pasan la etapa de violencia psicológica, si hay alguna rebelión por parte de la pareja –ya sea decir “no” a alguna petición o simplemente no cumplirla- derivan en violencia física. En este caso, sí hay dictamen médico de lesiones, es posible denunciarlo siempre y cuando el mismo se aporte y se considere que es violencia en la pareja. Lo cual, es bastante difícil de demostrar por la poca credibilidad que tiene que un hombre reciba una paliza por parte de su pareja, mujer.

Si hiciésemos los análisis de los perfiles al contrario saldrían aproximadamente las mismas características y muy pocas diferencias, por ello seguimos sin entender cómo es posible que una ley haga tanta diferenciación y que no se cree un único cuerpo legislativo que incluya todos los tipos de violencia que puede haber tanto en el ámbito de pareja como en el intrafamiliar. Al fin y al cabo, todos somos personas con los mismos derechos y obligaciones.

  • Estadísticas

Para finalizar este artículo, hemos creído conveniente insertar las estadísticas de los últimos años en violencia de género. Como se sabe, desde el 2006, el INE y el Ministerio del Interior ya no publican las estadísticas de hombres fallecidos a manos de su pareja como consideración de violencia de género. Por ello hemos puesto los datos que se conocen del 2015 sobre violencia de género y doméstica.

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Violencia doméstica y Violencia de Género – Año 2015
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Víctimas de Violencia Doméstica – Año 2015

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Publicado por:

¿Ley de Violencia de Género o Discriminación legal positiva? – (c) –
Adriana Peña Laso y Javier Andrés Caballero

Bibliografía:

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LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

STC 59/2008, de 14 de mayo (BOE núm. 135, de 04 de junio de 2008).

Instituto de la Mujer

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Instituto Nacional de Estadística

Consejo General el Poder Judicial

Martínez, Rubén; Diferencias dentro del ámbito penal entre violencia doméstica y violencia de género.

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Gabinete de Estudios de Seguridad Interior, Ministerio del Interior; Manual de buenas prácticas policiales para combatir la violencia contra las mujeres.

Mestre Roldán, Sonia; Maltrato a los hombres, ¿una realidad silenciosa?

Bravo, Gustavo; Nadie habla de los 30 hombres que murieron a manos de sus mujeres

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Tratado de Ámsterdam

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente del Riesgo de VdG (06/07/2011)

Guía y manual de valoración Integral Forense de VdG y Doméstica (Boletín de Información del Ministerio de Justicia de 01/11/2005)

Informe sobre Organización y puesta en funcionamiento de las UNI (Observatorio del PJ)

Carta de Derechos Humanos

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -> Asunto Opuz 09/06/2009 # Asunto Bevacqua 12/06/2008 # Asunto Hajdouva 13/11/2010

Programas DAPHNE I, II, III

Directiva OE de protección penal de víctimas 2011/99/UE del 13/11/2011 que dio lugar a la Ley 23/2014

Directiva de Víctimas 2012/29/UE de 25 de octubre (Estatuto de la Víctima Penal)

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